En 2011, por primera vez en la CAM, el gasto social cayó un 3%. Esto ha supuesto la congelación del gasto en Sanidad, el recorte del 4,9% para Educación (aunque haya subido un 8% la inversión en la privada), un 5,4% menos para Empleo, un 2.4% menos para Familia y Asuntos Sociales, y un 21% menos para Vivienda.
Pese a su PIB, Madrid es la segunda comunidad de España con menos gasto social per capita; y aún así es en la que menos ha crecido el gasto social entre el año 2004 y el 2010.
Madrid es la penúltima comunidad en aplicación de Dependencia, junto a la Comunidad Valenciana. En 2011, Canarias, la Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades que menos ciudadanos dependientes reconocen.
En 2011, sólo el 12,5 de los ciudadanos madrileños reconocidos como Dependientes recibe prestación económica.
En 2011, hay una media de 21.000 ciudadanos en espera de que les notifiquen su situación de Dependencia.
La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con más quejas ante el Defensor del Pueblo por (no) aplicación de Dependencia.
En 2010, Aguirre ordenó eliminar, entre 235 asociaciones y servicios, el Instituto Madrileño de Desarrollo, el Consejo de la Mujer, Consejo de la Juventud, Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Paciente, el Servicio de Mediación Intercultural…
En 2011 hubo una reducción del 35% para ayudas a personas con discapacidad.
Se dedicaron cero euros para prevención del VIH de los fondos propios del gobierno regional. Se estima que Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de personas con VIH/sida. Desde 2008, las asociaciones no reciben ayuda económica alguna.
Pero en ese periodo se otorgó más de un millón setecientos mil euros anuales a organizaciones anti-abortistas.
Tampoco las entidades dedicadas a la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social reciben ni un euro desde hace años.
De las 150.000 viviendas de promoción pública que se prometían, se han hecho sólo 3.040.
En lo concerniente a la violencia de género: 1) Se suspendió el recurso estatal de pulseras antimaltrato. 2) Se promovió el despido a todos los trabajadores sociales y psicólogos de los juzgados de violencia de género para los turnos de tarde y fin de semana. 3) Se procedió a una privatización completa del Servicio de Atención a víctimas de agresión sexual 4) Se desviaron las ayudas del Ministerio de Igualdad casi en exclusividad para organizaciones pro-vida (anti-aborto).
FUENTE:
No hay comentarios:
Publicar un comentario