Blog creado en el 2010 por un Colectivo preocupado por la reducción de servicios y el deterioro de la calidad en los Centros de Día y Residencias de Mayores del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
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domingo, 27 de noviembre de 2011
MANOS INVISIBLES DE LA LÓGICA NEOLIBERAL EN LO SOCIAL
Estudio realizado en el 2009 sobre los Planes de Integración en la Comunidad de Madrid .
ENLACES ARTÍCULO :
RECORTES EN SERVICIOS SOCIALES
RECORTES
EN SERVICIOS SOCIALES
En pleno
año electoral (locales y regionales de mayo / generales de noviembre), uno de
los elementos clave de los debates políticos se ha centrado y se centra en el
recorte de los servicios sociales en un escenario de crisis. Resulta
ridículo escuchar argumentos como el de la racionalización del gasto o
el de corregir la picaresca popular asociada a este país, viendo como se elaboran
y distribuyen las partidas en los presupuestos públicos u observando algunas
consecuencias directas de las decisiones que se están tomando para ‘salir’
de la actual coyuntura económica.
La
cruda realidad.
El incremento
del paro (España, con un 21,2%, el país europeo con mayor índice de paro.
La media
europea están el 10%1) y la desprotección económica (el gasto público social en
España es el 22,7% del PIB, en la UE-27 es el 26,4% del PIB2) han
provocado el aumento del riesgo de exclusión social y un aumento de los
hogares bajo el umbral de pobreza.
El
porcentaje de hogares que no reciben ningún tipo de ingresos ha pasado en 2010
a una tasa del 2,7
por ciento (lo que supone una cifra de más de medio millón de hogares) y los
índices de precariedad
y exclusión social se dispararon entre 2007 y 2009, con lo que la pobreza relativa
en España alcanza ya a un 20,8 por ciento de la población (casi 10 millones de
personas) en sólo un año (2008/2009) en España se registró un crecimiento de la
pobreza en más de 1,3 puntos3.
En lo que
respecta a los servicios sociales, la crisis se ha manifestado como un
aumento de la demanda, en particular aquella con carácter asistencial.
En 2009
los Servicios Sociales públicos a nivel estatal ofrecieron información y/o
ayuda a más de 8 millones de personas; un 36% de la población española más que en
el año anterior. Cerca de 6 millones de personas perciben anualmente servicios
sociales básicos y más de 700.000 personas reciben hoy día servicios y
prestaciones de atención a la dependencia4.
El número
de personas beneficiarias de renta mínima a nivel estatal aumentó más de un 50%
en tan sólo dos años, pasando de algo más de 100.000 unidades familiares
beneficiarias en 2007 a más de 150.000 en 2009, esto es, más de medio millón de
personas. Muchos de ellos inmigrantes, cuyo número se duplicó entre 2008 y 20095.
En la
ciudad de Madrid, los perceptores Renta Mínima de Inserción (RMI) eran 7.282,
en 2009, y 8.018 en 2010. La ayuda individual ascendía en 2009 (últimos datos
disponibles) a 370€ y a 540,4€ en
caso de una pareja con dos hijos. Para hacerse una idea, al mismo tiempo los
rangos los marcaban el País Vasco, con una ayuda individual de 640,6€ y Murcia
con 300€. Igual en el caso de las cuantías para una pareja con dos hijos,
900,1€ euros en el País Vasco y 498 de Murcia. Madrid se sitúa en cifras menores
sin tener en cuenta que si ya es difícil sobrevivir con esas cantidades, más
aún lo es en la capital y en una de las ciudades más caras de España.
El perfil
clásico de usuario de los servicios sociales ha cambiado o, más
que cambiar, lo ha ampliado a nuevos sectores de la población. A los sectores
de población clásicos en la atención de los servicios sociales (mayores,
menores, mujeres, minorías étnicas y migrantes) hay que sumar a jóvenes con
estudios y amplia experiencia laboral. Crece el número de familias jóvenes de
cónyuges de entre 20 y 40 años de edad, con uno o dos hijos pequeños, así como
jóvenes desempleados en busca del primer empleo.
El
desempleo se ha extendido a amplias capas sociales. Se ha extendido y
socializado el sentimiento de vulnerabilidad, el empeoramiento de la cohesión
social. El contexto ofrece pocas alternativas concretas. El modelo
de familia nuclear, pese a estar en pleno proceso de modificación, y las
redes de solidaridad comunitaria tradicionales, a pesar de sus límites, parecen
retomar de nuevo el protagonismo en la función de protección social. Este
aumento de la precariedad en las condiciones de vida se ha traducido en un
desbordamiento brutal del sistema de protección que prestan las entidades
públicas y el Tercer Sector.
El paro
eventual provocado por la crisis está pasando a ser de larga duración. Las
estrategias de subsistencia para afrontar los efectos de la crisis, son, por
este orden, el apoyo desde la familia, el trabajo en actividades de economía
sumergida y la búsqueda de apoyo y ayuda en las organizaciones sociales6.
Las
respuestas del sistema.
Los
recortes en servicios sociales se concretan en forma de pérdida de cantidad y
calidad de servicios que se venían dando. La reducción de los
recursos disponibles hace que los profesionales tengan menos opciones y
herramientas de intervención en la mejora de las circunstancias concretas
de las personas a las que atienden.
Un
ejemplo concreto sería el recorte del presupuesto para la implantación
progresiva de la Ley de Dependencia.
El
presupuesto de 2011 para la implantación de la Ley de Dependencia es de 83
millones menos (una rebaja del 5%) de lo previsto. El Plan Concertado, que
determina el dinero que las autonomías dan a los ayuntamientos para las ayudas
sociales, se ha rebajado en 11,5 millones (un 12% menos). Los Presupuestos
Generales del Estado presentados para 2011 han roto por primera vez la
previsión de financiación que se preveía en el modelo de la memoria económica
de la Ley de Dependencia. El proyecto de presupuestos no sólo no ha aplicado el
incremento previsto para 2011 sino que ha reducido la aportación de la
Administración Central en un -5,2% respecto del año pasado7.
En
Madrid, con un 0,63 de beneficiarios con prestación en relación a su población
(a 1 de octubre de 2010) el grado de implantación de la Ley de Dependencia está
muy por debajo de la media estatal de 1,34. A fecha actual, de un total de
135.298 dictámenes, 76.744 personas (el 1,19% de la población de la Comunidad
de Madrid, por debajo del 1,57% de atención que marca la media nacional) son
beneficiarias y perciben algún tipo de prestación en materia de dependencia8. Se
trata de una merma en servicios como el de prevención de la dependencia y
promoción atención personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de
día/noche, atención residencial y las prestaciones económicas vinculas al
servicio, los cuidados familiares y la asistencia personal.
Es cierto
que algunos presupuestos han subido, pero lo han hecho a un ritmo menor del crecimiento
de la demanda.
En el año
2010, en la ciudad de Madrid, se tramitaron prestaciones económicas periódicas,
de carácter
puntual y de emergencia social, por un total de 5.152.463,29€9. La
misma cantidad que en 2009 a pesar del aumento de demanda. En el período
2007/2010 se ha incrementado en un 11% el número de ciudadanos que han accedido
a los Servicio Sociales a través de la Primera Atención madrileña. De las
116.187 personas atendidas en la Unidad de Primera Atención en el 2010, 62.158
son personas nuevas que acuden por primera vez a los Servicios Sociales, lo que
representa un 53,5% del total.
Del total
de 145.871 demandas o peticiones planteadas en la Unidad de Primera Atención de
los diferentes distritos de la capital, destacan como más frecuentes las de
Informe de Arraigo Social por parte de personas inmigrantes, las demandas del
Servicio de Ayuda a Domicilio (Auxiliar Domiciliario) y de Teleasistencia,
seguidas en cuarto y quinto lugar por las demandas relacionadas con la
Solicitud de Dependencia y con la Renta Mínima de Inserción.
El
volumen de usuarios incluidos en las unidades familiares o Historias Sociales
de la UTS (Unidad de Trabajo Social) de Zona de la ciudad, con las que se ha
realizado intervención social o se ha llevado a cabo algún tipo de actividad a
lo largo del periodo 2007-2010 también es ascendente, pasando de 276.558
usuarios de Zona en el 2007 a 339.255 en el 2010, lo que representa un
crecimiento en este cuatrienio de un 23%.
En 2010
las demandas nuevas en la UTS de zona alcanzan un total de 98.542 en los 21
distritos. Las más frecuentes son (demanda nº demandas % s/total): 1. Ayuda a
domicilio/Auxiliar domiciliario 25.651 26%. 2. Renta mínima de inserción (RMI)
15.466 16%. 3. Dependencia 8.939 9%. 4. Centro de día mayores municipal 3.170
3%. 5. Escuela infantil 2.776 3%. Hay que reconocer que la reestructuración
del sistema madrileño de servicios sociales desarrollado en los últimos
años ha facilitado el acceso al servicio con el aumento de centros y número
de profesionales.
La ciudad
de Madrid cuenta con 304 centros de atención social, que incluyen 35 centros de
servicios sociales, más de 190 centros para los mayores, 40 centros de atención
a las familias, 20 para las mujeres, 11 para inmigrantes, 6 para personas sin
hogar y 2 centros para personas con discapacidad.
El
compromiso electoral del PP de Madrid para el final del periodo 2011-2015, ya
veremos
si se
cumple, es disponer de un trabajador social por cada 5.000 habitantes e
implantar un
centro de
servicios sociales generales por cada 90.000 habitantes como media10.
En todo
caso, parece que facilitar la entrada al sistema no es suficiente para dar
respuesta a las necesidades que se están presentando. A la par que el aumento
de demanda, paradójicamente, ha aumentado el número de derivaciones del
sistema público de primera atención a los servicios que presta el tercer
sector. La intervención desde la institución pública, quizá con ánimo de
ahorrar gasto, está ahora priorizando una vieja demanda de sus profesionales,
enarbolada sobre otros argumentos: priorizar el uso intervenciones técnicas
de profesionales sobre el de prestaciones monetarias.
Del
conjunto de usuarios del sistema público de servicios sociales de Madrid, un
78% (90.603 personas)
han resuelto su demanda en Primera Atención; un 2% (2.121 casos) han sido
orientados a otros servicios o sistemas de protección, y un 19% (22.227 casos),
han requerido una intervención más continuada en el tiempo, pasando a la Unidad
de Trabajo Social de Zona. El propio Ayuntamiento en su memoria anual destaca
el alto nivel de resolución (más dos tercios de los ciudadanos atendidos) de
las demandas planteadas en la Unidad de Primera Atención.11.
Sin
embargo esta información contrasta con otras que incluso parecen cuestionar la
realidad de esta
pronta resolución. Según Cáritas12, el 67% de las personas que
atienden vienen derivadas desde los
servicios sociales públicos. Así, su número de respuestas ofrecidas en todo el
país se ha disparado en los cuatro últimos años, al pasar de 400.000 personas
atendidas en 2007 a 950.000
en 2010, unas 300.000 acudieron por primera vez a Cáritas.
A este
respecto, se señala13 que mientras el tiempo para concertar una primera cita o
entrevista inicial
en los servicios sociales públicos es, como media, de casi un mes (25,9 días),
en los servicios de Acogida de Cáritas la espera para concertar una primera
cita o entrevista inicial es, por término medio, de 4 días. Otro tanto sucede
con las respuestas, ya que si el plazo de tramitación y gestión de las respuestas
efectivas es de algo más de dos meses en los servicios sociales públicos (65,3
días), en Cáritas el tiempo medio entre la primera cita y la respuesta efectiva
es de 7,3 días.
Como
vemos, la protección social no sólo atañe a la institución pública, también al
tejido social construido
por la sociedad civil y que durante años ha significado un partenariado fiel a
la hora de desarrollar programas y proyectos de corte social.
El
recorte o anulación de la financiación de los proyectos que desarrolla el tercer
sector
uno de
los elemento clave ya que el de los servicios sociales es un sector fuertemente
privatizado.
El Área
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid14 tramitó
en 2010 166 Convenios de Colaboración: 23 se han suscrito con otras
Administraciones Públicas, 9 con entidades públicas y 134 con entidades
privadas con un gasto correspondiente a la cantidad de 48.677.722 euros. Una
cantidad importante.
Pero más
allá de grandes e históricas organizaciones, existe un amplio y diverso
universo de pequeñas y medinas entidades sociales que vienen desarrollando una
labor fundamental y útil en la atención y cobertura de necesidades concretas, a
muchas de las cuales la propia institución pública no puede llegar.
Reconociendo sus límites y el valor de la proximidad y el conocimiento
específico de realidades, la propia institución pública ha venido financiando
la actividad de esta amalgama de entidades. La excusa de la crisis ha supuesto
también un recorte importantísimo de esa financiación.
El
recorte de salarios no sólo ha afectado a los del funcionariado. Amparándose en los
manidos discursos del ajuste del cinturón y la política de austeridad, también
ha repercutido en el resto de trabajadores/as de contratas y subcontratas
externalizadas. Además, considerando la deuda reconocida del Ayuntamiento de
Madrid que ascendía a 7.008 millones de euros en el primer trimestre de 2010, la
anulación de partidas, la congelación de presupuestos e incluso los impagos
por parte de las administraciones públicas están a la orden del día.
Por poner
un ejemplo, desde el inicio de la crisis, la actividad de Cruz Roja15 se ha
incrementado en un más de un 28%. Para hacer frente al aumento de actividad ha
sido preciso incrementar la aportación de fondos propios en un 25% desde 2008.
Desde que comenzara la situación socioeconómica actual en 2008, Cruz Roja
Madrid ha atendido las necesidades sociales de más de 182.000 personas
residentes en la Comunidad. Para ello, la organización ha precisado incrementar
su aportación de fondos propios, que han pasado de los 13.101.647€ en 2008 a
17.415.707€ en 2010. De esta forma, en 2010, las aportaciones de los socios han
representado el 73% del total de los fondos propios de la organización.
Otro
ejemplo claro atañe a fórmulas empresariales de economía social. Si el
escenario está difícil para las grandes entidades, con mayor capacidad de
maniobra y aguante en momentos difíciles, para las pequeñas cooperativas de
iniciativa social, en particular aquellas que se centran en la intervención
social como actividad profesional, el camino se pone muy cuesta arriba.
A los
ere’s y cierres de alguna de ellas debido al poco movimiento de proyectos y a
las demoras en los pagos (recortes indirectos) hay que añadir otros obstáculos
para las que resisten en forma de recorte directo, como las ayudas para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid pasaron de
2.200.000€ en 2009 a 955.000€ en 2010. Un recorte del 57% del presupuesto.
La
Comunidad de Madrid parece sentirse cómoda con la práctica del recorte y del
impago. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid (CERMI), que aglutina a asociaciones de alzhéimer, de
esclerosis múltiple, párkinson, fibromialgia, etc., ha denunciado el impago de
las subvenciones concedidas el año pasado para el desarrollo de programas de
prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.
Hay unas
80 asociaciones sin ánimo de lucro afectadas. Tampoco se sabe nada de las
subvenciones de este año. Algo similar ocurre con las ayudas destinadas a
asociaciones que trabajan con drogodependientes. Se trata del cierre de 11 de
los 18 pisos en los que residen por temporadas drogodependientes en tratamiento
o en proceso de reinserción. Hay 65 asociaciones afectadas16.
Se
podrían seguir poniendo ejemplos, todo ello a pesar de lo complejo que resulta
realizar un análisis presupuestario detallado en servicios sociales
considerando la diversidad de problemáticas a atender, las competencias y el
número de instituciones y organismos encargados de hacerlo y las vías de
financiación de sus prestaciones y programas.
Una
clave para afrontar el futuro.
Durante años
el Estado de Bienestar (EB), ha desempeñado un papel importante en la función
de estabilidad económica y orden político. Para ello la población ha debido
aceptar un sistema que genera desigualdad estructural, si bien es
cierto que ha intentado y a veces logrado moderar realidades, situaciones y
problemáticas más dramáticas y sangrantes.
Previo al
estallido de la crisis, se vivió una época de crecimiento que hizo que los
sistemas de
protección
se afianzaran en el cumplimiento de su función tradicional de aseguramiento de
la cobertura mínima ante los riesgos que no puede cubrir el Mercado. Fueron años
de bonanza que, sin embargo, no se aprovecharon para consolidar otra de
las funciones más importantes del EB: la redistribución.
Muy al
contrario de un ideal de redistribución asociado a nortes de igualdad, se ha
profundizado en la diferencia, aumentando la dualidad social, gracias a duros
procesos de privatización de servicios.
La
presión de los mercados retroalimenta a un poder político cada vez más cómodo
en el nuevo
papel de árbitro (con facultad normativa y reguladora) y mediador (con facultad
de inspección, seguimiento y prescripción). Un matiz en la gestión que efectivamente
no tiene consecuencias en la titularidad pero sí en la responsabilidad que se
están concretando en una merma de calidad que parece encaminarnos a la
aceptación de la pérdida de la universalidad. Un cambio de concepción
de lo que era un derecho a lo que será un privilegio.
La
búsqueda de realidades divergentes a este escenario pasa, en primer lugar, por
entender que la crisis no es pasajera porque es una crisis del sistema y por
tanto el EB caerá con él. Lo importante quizá sea pensar en una
alternativa o alternativas posibles. Se trata de repensar y
reestructurar los actuales modos de vida y organización social.
1 Fuente:
Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teilm020
[Consulta:
14 de octubre de 2011. 13:06h.].
2 Fuente:
Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.
http://www.cgtrabajosocial.es/madrid/documentos/Doc-AlianzaDef-Sistema-Publico-IDEAS-FUERZA.pdf
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:15h.].
3 Fuente:
Cáritas. http://www.caritasalamanca.org/uploads/media/1er_ImpactoCrisisCohesionSocialEspana_Julio2011.pdf
[Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:30h.].
4 Fuente:
Alianza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales. Relación
de entidades que integran la Alianza:
Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Confederación Española de
Organizaciones de Mayores
(CEOMA),
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (FEAPS),
Comité
Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social
(EAPN), Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales,
sindicatos Unión General de Trabajadores
(UGT) y
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Seminario de
Intervención y Políticas Sociales
(SIPOSO),
Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) y las
Universidades de Alicante, Alcalá de Henares,
Girona y
Complutense de Madrid.
http://www.cgtrabajosocial.es/madrid/documentos/Doc-AlianzaDef-Sistema-Publico-IDEAS-FUERZA.pdf
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:15h.].
5 Fuente:
Cáritas. http://www.caritasalamanca.org/uploads/media/F_1863_Capitulo_2_VI_Informe_Foessa.pdf
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:33h.].
6 Fuente:
Cáritas. http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5051 [Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:25h.].
7 Fuente:
CC.OO. http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/664167.pdf [Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:37h.].
8 Fuente:
IMSERSO. (Portal de la Dependencia) del Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad.
http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/estsisaad20111001.pdf
[Consulta:
de octubre
de 2011. 13:24h.].
9 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel
=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
10 Fuente: PP
Madrid. http://equipogallardonprograma.com/wp-content/uploads/pdfs/programappmadrid.pdf
[Consulta:
de octubre
de 2011. 13:22h.].
11 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/
Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
12 Fuente:
Cáritas. http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5051 [Consulta:
15 de octubre de 2011.
13:25h.].
13 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
14 Fuente:
Ayuntamiento de Madrid. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Publicaciones/2010?vgnextfmt=default&vgnextoid=75eb930567300310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=d3f4ca1c5a057010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
[Consulta: 15 de octubre de 2011. 13:19h.].
15 Fuente:
Entorno Social. http://entornosocial.es/content/view/2359/46/ [Consulta:
15 de octubre de 2011. 13:35h.].
16 Fuente: El
País
http://www.elpais.com/articulo/madrid/pisos/drogodependientes/borde/cierre/elpepuespmad/20111017elpmad_5/Tes
[Consulta:17 de octubre de 2011. 21:15h.].
DOCUMENTO ELABORADO POR JOSÉ.
GRACIAS POR TU APORTACIÓN.
miércoles, 23 de noviembre de 2011
La ONCE ejecuta un ERE encubierto camuflándolo como despidos objetivos individuales
Mientras que la entidad se beneficia de exenciones fiscales plenas y grandes beneficios sociales por el mantenimiento del empleo y por carecer de ánimo de lucro.
La Dirección y el Consejo de Administración de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, están ejecutando un ERE encubierto que afecta a técnicos, personal especializado y cuadros y mandos intermedios. Así se desprende de la batería de despidos que la organización está llevando a cabo de manera encadenada desde los primeros días del presente mes de noviembre entre graduados sociales, contables, interventores, administrativos y otros profesionales altamente cualificados.
Los despidos, que se efectúan fulminantemente y sin respetar el precepto legal de 15 días de preaviso, podrían estar relacionados aparentemente con un proceso paulatino de supuesta racionalización de recursos y de fusión y liquidación de antiguas sedes y direcciones administrativas de la ONCE ubicadas en capitales de provincia, como Salamanca, Huelva, etc., y en ciudades de considerable magnitud, como Jerez de la Frontera, Cartagena, Algeciras, etc. De realizarse en una empresa estrictamente privada y con ánimo de lucro, este proceso podría significar el cierre de instalaciones y el despido del personal administrativo que presta servicio en ellas. Sin embargo, la ONCE está conceptuada legalmente como una entidad benéfica con fines sociales, exenta de tributos y obligada por precepto jurídico a mantener el empleo, por lo que está imposibilitada de realizar todo tipo de ERES y expedientes de regulación que impliquen extinción de puestos de trabajo. Por consiguiente estos despidos, según los propios afectados "equivalen a un camuflado y subrepticio ERE extintivo de puestos de trabajo", algo para lo que la ONCE no está facultada estatutaria y legalmente, con lo que estas acciones podrían representar un fraude de Ley.
Además, la ONCE está obligando a otros empleados técnicos, bajo coacción y amenaza de despido, a firmar solicitudes de traslado “voluntario” a ciudades de otras comunidades autónomas que se encuentran a cientos de kilómetros, obligando al afectado, bien a aceptar el traslado sin compensación económica alguna, desestructurando y no conciliando a su familia, bien a rechazarlo forzando así --tal como parece buscar la Dirección de la organización-- el despido objetivo con una mínima indemnización.
Una representación de los despedidos ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo lo sucedido mediante la oportuna denuncia, con lo que este organismo público ha procedido a abrir el correspondiente expediente informativo previo a la sanción, si ésta procediera. Tal y como reseñan los técnicos afectados por los despidos, resulta llamativo que este ERE encubierto –justificado en un ajuste del gasto-- se está desarrollando en una organización cuyos directores y consejeros territoriales locales y regionales disfrutan de salarios desmedidos --con cifras superiores a 100.000 €uros al año-- y sus altos directivos y consejeros generales tienen percepciones casi euromillonarias, a la par que varios centenares de vendedores de cupones han sido despedidos de sus puestos de trabajo en el último lustro, mientras que ladirección de la ONCE ha externalizado el cupón autorizando su venta en gasolineras y comercios ajenos a la organización.
Por último, destacan los técnicos que la ONCE ha celebrado recientemente su 73 aniversario con el Sorteo extraordinario del 11/11/11, por medio del cual la organización supuestamente social ha ingresado cantidades cienmillonarias de euros en concepto de ventas del cupón y ha festejado con lujo y desmesurado fasto una gala a la que acudieron grandes figuras del mundo de la nobleza, las finanzas, la canción y del espectáculo, caracterizadas por su elevadísimo caché.
viernes, 11 de noviembre de 2011
LOS SERVICIOS SOCIALES SE MOVILIZAN EN TOLEDO
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla- La Mancha y la Federación de Servicios Públicos de UGT de Castilla- La Mancha han convocado una manifestación este sábado, junto a los profesionales que trabajan en los servicios sociales de la región, como consecuencia de los "impagos" que la Junta de Comunidades viene realizando a las administraciones locales y la incertidumbre generada por los anuncios de recortes hechos por el Ejecutivo Regional.
CCOO y UGT consideran que "es fundamental" que una Región como la nuestra, en un momento de crisis, los servicios sociales públicos se mantengan y que no se deteriore la calidad de los mismos ya que es fundamental para la cohesión social en Castilla- La Mancha, ha informado CCOO en nota de prensa.
Según el sindicato, en los últimos meses se observa que como consecuencia de los impagos de los convenios que la Junta de Comunidades tiene suscritos con los ayuntamientos y mancomunidades, los servicios se están deteriorando junto con el empleo en los mismos, y el Gobierno de María Dolores Cospedal además está "generando incertidumbres" de cara a los próximos años.
Las federaciones de los dos sindicatos mayoritarios de la región consideran que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe mantener el sistema público de estos servicios que se prestan a las personas dependientes, tercera edad, infancia, personas en riesgo de exclusión social y que atienden también necesidades específicas como pueden ser las que tienen mujeres, jóvenes o población inmigrante.
CCOO y UGT apelan, además, a una participación activa del personal que trabaja en los servicios sociales y al conjunto de la población usuaria de los mismos en defensa de un sistema tan necesario en una región rural como la Castilla-La Mancha, ya que "liquidando los servicios públicos se liquidará la cohesión social y territorial en Castilla- La Mancha y por ello, es importante su presencia en la manifestación regional del próximo sábado día 12 de noviembre".
"preocupación clara"
Por su parte, los profesionales de los servicios sociales aseguran que, tras 11 meses de "impago" por parte de la Junta a los ayuntamientos y mancomunidades de la región, existe una "preocupación clara" por el futuro de los servicios sociales como consecuencia del "deterioro" que están sufriendo los mismos por los "impagos y los recortes" que se pueden materializar en los próximos meses.
"El mantenimiento de unos servicios públicos y de calidad en Castilla- La Mancha es vital para la cohesión social en la región y la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de donde vivan", han asegurado en nota de prensa.
Asimismo, afirman que el trabajo que vienen desarrollando es consecuencia de los convenios que tienen suscritos la Junta, con las administraciones locales para la atención a mayores, para la protección a la infancia, la atención a la dependencia, a personas con riesgo de exclusión social y la atención a población con necesidades específicas como las familias, jóvenes, mujeres e inmigrantes, en Castilla-La Mancha.
Los profesionales además llaman la atención por los efectos que pueden tener las medidas de recortes en servicios sociales en las zona rurales, "ya que las administraciones locales carecen de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades anteriormente señaladas y es preciso que la Junta atienda a las personas que más necesidades tienen en los pueblos de la región", afirman.
FUENTE:
SERVICIOS SOCIALES DESBORDADOS
Para la crisis, derechos asistenciales, no caridad
Los servicios sociales están adelgazando cuando más ciudadanos los necesitan
Cientos de casos se derivan hacia organizaciones benéficas
Los expertos alertan de que así se rompe el pacto social
Los profesionales de los servicios sociales públicos se lamentan con frecuencia de que este pilar del Estado de bienestar es la cenicienta entre los cuatro existentes —con las pensiones, la educación y la sanidad—. La crisis les está dando la razón con abundancia, porque justo en estos años en que se redoblan las carencias, los que tenían pasan a ser pobres y los que ya lo eran cruzan la raya de la exclusión; en momentos en que el desempleo vacía la nevera y muestra su cara más amarga a los jóvenes que no completaron estudios; cuando las aguas se vuelven turbulentas en aquellos hogares reunidos de nuevo por el impago de hipotecas... Justo ahora, los servicios sociales están pasando más hambre que nadie.
“Se puede decir que los están dejando en los huesos, en su estructura más básica, y encima hay una tendencia a devolverlos al asistencialismo, más propio de la antigua beneficencia que de un derecho público consagrado”, critica Ana Lima, presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales.
Se refiere, por un lado a la escasez de presupuestos, los que destina el Gobierno han disminuido en nueve millones y los convenios que mantenían las comunidades y los Ayuntamientos con empresas para la atención de las muchas necesidades sociales “están reduciéndose o, directamente, no se renuevan”, afirma Lima. “Es fácil que todo eso ocurra porque no hay una ley estatal, ni comunitarias, que los garantice: son solo convenios que se firman en épocas de vacas gordas, pero que se echan abajo en situación deficitaria”, dice. En paralelo, asistimos a “una visión asistencialista, paliativa, un parcheo aquí y allá, donde surge la necesidad. Eso es más propio de la labor, encomiable, que desarrollan las organizaciones benéficas privadas, pero los servicios sociales son mucho más que eso”, afirma Lima.
Para empezar, son un derecho, no una simple ayuda caritativa, por tanto, tratan de alejar el estigma de aquellos que solicitan este apoyo en momentos de carencias. Cuando Nuria (no quiere apellidos) decidió que la familia no debía seguir sosteniendo su precaria situación económica acudió a la asistente social en busca de una renta básica de inserción. “Al principio no me hacía mucha gracia, la verdad, me daba la impresión de que estaba pidiendo limosna, mendigando, pero pensé, —y mis hermanos me convencieron—, que si existían estos organismos, y si estaban para eso... Aunque bueno, sigue sin hacerme gracia, yo lo que quiero es trabajar y decir, ‘esto me lo he ganado’. Lo otro, quieras que no, me lo dan. Ya sé que también es con mis impuestos, pero...”.
Los servicios sociales, además, abordan cada caso de una manera integral, o tratan de hacerlo. Conseguir una renta de inserción, que ronda entre 400 o 500 euros, según los casos y las comunidades autónomas, requiere algo más que pasar por una débil situación económica. “Mi hija y yo nos hemos comprometido a acudir a las oficinas de empleo siempre que nos llamen. Aunque ella está en la universidad, gracias a las becas, siempre puede trabajar en fines de semana o en vacaciones, algo que sea compatible con los estudios”, dice esta zaragozana. Los servicios sociales le ayudan también a redactar currículos, preparar entrevistas de trabajo... “Y ahora, en septiembre, empezarán los cursillos formativos: puedo elegir, pero tengo que hacer alguno de ellos”, señala.
Todas esas funciones de acompañamiento, análisis de la situación, relaciones con otros servicios, como el educativo, el de la vivienda, el sanitario, son parte de las tareas que desempeñan los trabajadores sociales. Dar solución completa a situaciones complicadas.
Están para ayudar a encontrar empleo, insistir en que los hijos deben estar escolarizados, negociar cambios de vida, buscar la mejor solución formativa, resolver convivencias conflictivas. “Eso no se puede despachar con una simple ayuda económica, ni montando un comedor social”, dice LIMA, por más que la situación de crisis requiera medidas de urgencia, que también hay que atender, incluso de forma prioritaria.
Las cifras indican, desde luego, que las necesidades, algunas primarias, están multiplicándose: la petición de una renta básica, como la que pidió Nuria a sus 54 años, separada, sin trabajo, se han incrementado más de un 30% y hay colas para solicitarlas. También las ayudas de emergencia, que se reciben de forma casi inmediata, se han elevado un 80% o más en algunos lugares. Prueba de todo ello es que el número de personas que se acercan a la ventanilla de los servicios sociales públicos en busca de apoyo, económico o de otra clase, creció un 36% en 2009, hasta alcanzar casi ocho millones de usuarios.
Que cientos de esos casos se estén derivando hacia ONG y organizaciones benéficas indica en qué condiciones están los servicios sociales, justo cuando más se necesitan. “La reducción del gasto público social está afectando negativamente al bienestar y la calidad de vida de grandes sectores de la ciudadanía. Estos recortes no pueden ser sustituidos por acciones benéficas de carácter caritativo. Estas organizaciones no tienen ni los recursos ni las infraestructuras para suplir los servicios públicos que están siendo eliminados. Es volver al siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI”, critica Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
“Lo que es indignante es que se diga que España no tiene los fondos para mantener o incluso expandir el gasto público social cuando los datos muestran que el gasto público social es mucho más bajo que el que le corresponde por su nivel de riqueza económica. El PIB per cápita de España es el 94% del promedio de la UE de los 15. Y en cambio, el gasto público social por habitante es solo el 74% del promedio de esos países. Si fuera el 94% nos gastaríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en nuestro Estado de bienestar”, explica Navarro. Cree que los recursos existen “pero el Estado no los recoge porque teme enfrentarse con los grupos financieros, económicos y clases sociales adineradas que no contribuyen a las arcas del Estado como lo hacen sus homólogos en la UE de los 15”, critica.
“Desde luego, volver al asistencialismo no es la solución”, comienza Miguel Laparra, profesor del departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Tampoco cree, a pesar de los negros datos que revelan los estudios que ha efectuado, que “la máxima prioridad sea todavía la comida”. “Lo que sí está poniendo de manifiesto la crisis es la debilidad del sistema de garantía de ingresos. No hay garantías para esa gente que ya no cobra nada. Eso es lo que se tendría que hacer seriamente. Revisar las rentas de protección por desempleo, las no contributivas, y las rentas de garantías de inserción. Un sistema que cubra las necesidades por completo”, afirma. Las comunidades autónomas, dice, han aumentado esas rentas, “pero partían de niveles de desprotección, que apenas cubrían nada. Si la gente tuviera esos mínimos garantizados, los servicios sociales podrían trabajar con más eficacia y tranquilidad. Además, encontrar vías para financiarlo no es difícil y es barato”, asegura. Para Laparra, la forma más digna, de más calidad y menos estigmatizante es salvaguardar el capital humano. “Obligar a la gente a ir a un comedor social, sea de quién sea siempre es un proceso de destrucción de la dignidad que pasa factura”, dice.
Así lo cree la presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales, Ana Lima, por eso lamenta que algunos Ayuntamientos crean que haciendo un comedor social pueden suplir la labor de los servicios sociales. “Pretender que un servicio público sea el que reparta comida es equivocarse. Nosotros damos bonos para que la compren en el supermercado, no se debe mandar a toda una familia, con hijos, a comer al comedor social. Colgarles la etiqueta de pobres, gratuitamente, solo porque hayan perdido el trabajo. Hay pobres, claro, en realidad hay varios perfiles, los comedores sociales tienen sus usuarios y los tendrán siempre”.
Los que trabajan en las redes sociales tampoco creen que desmantelar los servicios sociales públicos conduciéndolos hacia tareas asistencialistas sea la solución. “El papel del tercer sector debe ser complementario, pero la responsabilidad pública es fundamental”, dice el responsable de Estudios de Cáritas España, Francisco Lorenzo. “El objetivo de unos y de otros debe estar relacionado con la promoción, la conquista de la participación y el empoderamiento de estas personas, no solo con la subsistencia”, asegura. Pero lo cierto es que tanto unos como otros están más dedicados a lo último, los primeros porque no dan abasto y por falta de presupuesto para otras tareas más de fondo, y los segundos porque están viendo como una avalancha de gente acaba en las organizaciones sociales derivadas de los servicios sociales públicos.
¿Justifica una situación de crisis, por más feroz que esta sea, el adelgazamiento de los servicios sociales o más bien debería ser al contrario?
“Para volver a la beneficencia, por más que alguien lo pretendiera, se necesitaría cambiar la Constitución. El artículo 1, el 10 y el 41 consagran la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental. La beneficencia pública entra en contradicción con un Estado social de Derecho”, dice Patrocinio de las Heras, que fue en los ochenta responsable de Acción Social, del Instituto Nacional de Acción Social y del Inserso. “En la crisis de 1973, la del petróleo, los trabajadores que se quedaban en paro adquirían su cartilla de beneficencia. Esas familias pasaban a ser pobres, si necesitaban sanidad iban a hospitales de caridad, los hijos a escuelas especiales, había orfanatos, los gitanos tenían sus escuelas en los poblados... Todo un sistema de caridad organizado para los menesterosos. Esa población quedaba en la marginación institucional. Había una cobertura social para los que trabajaban y tenían ingresos y la beneficencia pública para los pobres”, recuerda De las Heras.
Para financiar toda aquella caridad del Estado no servían los impuestos, se recurría a las tómbolas, casas de juego, espectáculos variados, circo, toros, teatro, quinielas. Aquello se acabó. “El pacto social es sencillo, el ciudadano sostiene al Estado con sus impuestos, y el Estado prioriza y sostiene al ciudadano cuando tiene necesidad de educación, sanidad o de una renta básica. Si eso no se respeta se deslegitima el Estado, nos cargamos la democracia y el pacto social que la sustenta. El ciudadano debe saber que está protegido, que pagó impuestos para eso. Si se hunden las pensiones, para qué hemos pagado, se preguntarán. Y hay que pagar impuestos, si no con alegría, al menos con conciencia”, afirma De las Heras.
A pesar de todo, los ciudadanos no tienen claro todavía que se puede acudir a los servicios sociales en caso de necesidad. “Muchos no los conocen tanto como debieran, el primer apoyo lo buscan en la familia”, reconoce Ana Lima. Y aunque sepan de ellos, a muchos, como a Nuria, todavía les da vergüenza reclamar lo que les corresponde.
FUENTE:
Un 37% más de familias pobres pide la renta básica de inserción
La crisis deja en riesgo de exclusión a 200.000 núcleos familiares
El solicitante ha cambiado: ahora es un desempleado que necesita ayuda para salir a flote
FUENTE:
jueves, 10 de noviembre de 2011
SANIDAD RECORTA EN GASTOS DE PERSONAL SALVO EN DIRECTIVOS
La Comunidad de Madrid gastará el año que viene menos dinero en personal sanitario, según el proyecto de presupuestos para 2012.
Serán casi 53 millones de euros menos, una cantidad nada desdeñable pero que en relación con las cifras que maneja la Consejería de Sanidad, que se lleva un 40% del presupuesto global de la Comunidad de Madrid, supone un descenso moderado, del 1,7% con respecto al presupuesto inicial de 2011.
El capítulo I de las cuentas de Sanidad, que paga los sueldos de los trabajadores, ascendió a 3.060 millones de euros este año, mientras que el próximo serán 3.007 millones. Los recortes en las partidas de personal se notan especialmente en el caso de los eventuales y los trabajadores temporales. En cambio, las cuentas recogen un 15% de incremento en el sueldo del personal directivo.
Menos gasto en personal temporal y eventual equivale a menos sustituciones de personal fijo en vacaciones o para cubrir bajas por enfermedad o de otro tipo.
Hay varios conceptos en los que se aprecia el recorte. Por ejemplo, los sueldos de personal laboral eventual -comprende retribuciones básicas y otras remuneraciones- caen un 5,4% el año que viene.
La previsión de contratación de menos eventuales se aprecia también en el apartado de cuotas sociales para este personal: desciende un 3%.
En el caso de los trabajadores temporales, los sueldos también bajan en las cuentas de 2012. El personal estatutario temporal de grupo A (médicos) cuenta con un 3% menos de presupuesto. Los de grupo B (enfermeras), otro 3%. "El recorte en las sustituciones se va a traducir en la sobrecarga de un personal clínico ya muy sobrecargado", asegura el diputado socialista José Manuel Freire. "Estos presupuestos restrictivos y con recortes sanitarios provocan un efecto negativo en la base del sistema", añade.
La gran mayoría de los hospitales de gestión enteramente pública, como el Gregorio Marañón, La Paz o el Ramón y Cajal, ven reducida la cantidad que se destina a pagar los sueldos de su personal.
En el caso de la atención primaria el presupuesto del capítulo I pasa de 611,5 millones de euros en 2011 a 601 el año que viene. Un 1,7%, que se corresponde con la bajada general en todos los sueldos sanitarios.
En cambio, llama la atención una subida, la del personal directivo de instituciones sanitarias. Pasa de 8,9 millones a 10,2, es decir, un incremento de prácticamente un 15% que contrasta con los recortes en las demás partidas de personal.
La Consejería de Economía y Hacienda explica que se debe a "la necesidad de ajustar el presupuesto a la ejecución real". Según sus datos, la ejecución de esta partida ascendió a 10,9 millones en 2010 y en 2011 se prevé que sea de 10,7 millones. En las cuentas de 2010 estas retribuciones a personal directivo se presupuestaron en 9,3 millones. "Es curioso que quieran ajustar precisamente en esta partida. ¿Por qué solo en esta, y no en farmacia, por ejemplo, en la que siempre se presupuesta inicialmente a la baja?", se pregunta Freire.
En 2010 el Servicio Madrileño de Salud ejecutó -es decir, gastó- un 10% más de lo que presupuestó, una desviación que se viene repitiendo año tras año. Economía asegura que en las cuentas anteriores no se incluyó el coste total porque aún no se había aprobado la estructura de área única. Freire replica que esto demuestra que, en lugar de disminuir el número de directivos en atención primaria, "paradójicamente han aumentado".
Serán casi 53 millones de euros menos, una cantidad nada desdeñable pero que en relación con las cifras que maneja la Consejería de Sanidad, que se lleva un 40% del presupuesto global de la Comunidad de Madrid, supone un descenso moderado, del 1,7% con respecto al presupuesto inicial de 2011.
El capítulo I de las cuentas de Sanidad, que paga los sueldos de los trabajadores, ascendió a 3.060 millones de euros este año, mientras que el próximo serán 3.007 millones. Los recortes en las partidas de personal se notan especialmente en el caso de los eventuales y los trabajadores temporales. En cambio, las cuentas recogen un 15% de incremento en el sueldo del personal directivo.
Menos gasto en personal temporal y eventual equivale a menos sustituciones de personal fijo en vacaciones o para cubrir bajas por enfermedad o de otro tipo.
Hay varios conceptos en los que se aprecia el recorte. Por ejemplo, los sueldos de personal laboral eventual -comprende retribuciones básicas y otras remuneraciones- caen un 5,4% el año que viene.
La previsión de contratación de menos eventuales se aprecia también en el apartado de cuotas sociales para este personal: desciende un 3%.
En el caso de los trabajadores temporales, los sueldos también bajan en las cuentas de 2012. El personal estatutario temporal de grupo A (médicos) cuenta con un 3% menos de presupuesto. Los de grupo B (enfermeras), otro 3%. "El recorte en las sustituciones se va a traducir en la sobrecarga de un personal clínico ya muy sobrecargado", asegura el diputado socialista José Manuel Freire. "Estos presupuestos restrictivos y con recortes sanitarios provocan un efecto negativo en la base del sistema", añade.
La gran mayoría de los hospitales de gestión enteramente pública, como el Gregorio Marañón, La Paz o el Ramón y Cajal, ven reducida la cantidad que se destina a pagar los sueldos de su personal.
En el caso de la atención primaria el presupuesto del capítulo I pasa de 611,5 millones de euros en 2011 a 601 el año que viene. Un 1,7%, que se corresponde con la bajada general en todos los sueldos sanitarios.
En cambio, llama la atención una subida, la del personal directivo de instituciones sanitarias. Pasa de 8,9 millones a 10,2, es decir, un incremento de prácticamente un 15% que contrasta con los recortes en las demás partidas de personal.
La Consejería de Economía y Hacienda explica que se debe a "la necesidad de ajustar el presupuesto a la ejecución real". Según sus datos, la ejecución de esta partida ascendió a 10,9 millones en 2010 y en 2011 se prevé que sea de 10,7 millones. En las cuentas de 2010 estas retribuciones a personal directivo se presupuestaron en 9,3 millones. "Es curioso que quieran ajustar precisamente en esta partida. ¿Por qué solo en esta, y no en farmacia, por ejemplo, en la que siempre se presupuesta inicialmente a la baja?", se pregunta Freire.
En 2010 el Servicio Madrileño de Salud ejecutó -es decir, gastó- un 10% más de lo que presupuestó, una desviación que se viene repitiendo año tras año. Economía asegura que en las cuentas anteriores no se incluyó el coste total porque aún no se había aprobado la estructura de área única. Freire replica que esto demuestra que, en lugar de disminuir el número de directivos en atención primaria, "paradójicamente han aumentado".
Cuentas de 2012
- Los gastos globales de personal en sanidad descienden un 1,7% en las cuentas de 2012, de 3.060 a 3.007 millones de euros.
- Se reducen los gastos en personal eventual y temporal, lo que redunda en menos sustituciones del personal fijo.
- Prácticamente todos los hospitales de gestión pública destinan menos dinero a personal.
- Los gastos en personal directivo aumentan un 15%.
FUENTE:
SANIDAD RECORTA EN GASTOS DE PERSONAL SALVO EN DIRECTIVOS
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Sanidad/recorta/gastos/personal/salvo/directivos/elpepiespmad/20111108elpmad_1/Tes
- Se reducen los gastos en personal eventual y temporal, lo que redunda en menos sustituciones del personal fijo.
- Prácticamente todos los hospitales de gestión pública destinan menos dinero a personal.
- Los gastos en personal directivo aumentan un 15%.
FUENTE:
SANIDAD RECORTA EN GASTOS DE PERSONAL SALVO EN DIRECTIVOS
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Sanidad/recorta/gastos/personal/salvo/directivos/elpepiespmad/20111108elpmad_1/Tes
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